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Justicia española,
la ramera mayor del Reino
Pedro Horrach, fiscal
anticorrupción convertido en protector de corruptos.
El abyecto posicionamiento del fiscal anticorrupción Pedro Horrach,
defendiendo la inocencia de la infanta Cristina en su implicación del caso
Nóos, vuelve a colocar a la justicia española
en el papel que le corresponde ante la opinión
pública: el de una prostituta vendida al postor que mejor le pague. En este
caso, el cliente de la ramera ha sido la Casa Real española.
Sabiendo que tiene detrás toda la maquinaria fraudulenta, engañosa y
embaucadora del Estado, reforzada por el perverso sistema judicial que rige en
España, el fiscal Pedro Horrach ha despotricado depravadamente, como sólo los
corruptísimos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción saben hacerlo, contra el
juez José Castro, encargado de que la justicia se cumpla en el caso del
instituto Nóos. Como ocurrió con el caso Gürtel, el veredicto de absolución de
prácticamente todos los implicados está ya cantado.
Todo había ido sobre ruedas para Iñaqui Urdangarín y su real consorte
hasta que el magistrado Castro los tomó de la pechera y los sentó en el
banquillo de acusados. Intentaba que la justicia española, aunque sólo fuera
por una vez, no acabara en la "ley del embudo": ancho para unos
pocos, estrecho para muchos.
Ha quedado probado -tal y como se dice en terminología jurídica- que la
fundación Nóos no se dedicaba a la investigación aplicada, como decían sus
estatutos, sino al blanqueo de capitales y al fraude fiscal. La infanta
Cristina figuraba como miembro de su junta directiva. Esta descendiente de la
casa real española estudió Ciencias Políticas, realizó un máster en Relaciones
Internacionales en la universidad de Nueva York, tuvo prácticas en la sede de
la Unesco y actualmente es directora del área social de la fundación La Caixa.
Sin embargo, cuando fue preguntada por el juez sobre su participación en los
delitos de blanqueo de dinero y de fraude fiscal que se habían detectado en el
instituto Nóos, aseguró que sus conocimientos económicos eran tan básicos que
no sabía lo que firmaba cuando le pasaban documentos.
La función de la infanta Cristina era, como literalmente reconoció su
marido, dar "solvencia y prestigio" al instituto. Tras su nombre
estaban también los del ex rey Juan Carlos y los de la ex reina Sofía. La
fundación Príncipe de Girona, que presidía el entonces príncipe Felipe, hoy
ilegítimo rey de España, contó también con una buena parte de los
"padrinos económicos" del instituto Nóos. A juzgar por cómo se
engrosaron las cuentas de la entidad a lo largo de la década de los noventa, su
vinculación con la Casa Real cumplió con creces su cometido.
A pesar de todas estos "hechos probados" por el juez José
Castro -utilizando de nuevo la terminología judicial-, el fiscal jefe Pedro
Horrach, al que todos los contribuyentes pagan un más que generoso sueldo para
que combata la corrupción en España, se ha rasgado las vestiduras por la
inocencia de la infanta Cristina, ha declarado públicamente que todo es
producto de una "conspiración" contra la Casa Real española -lo que
recuerda el complot judeo-masónico que siempre obsesionaba al régimen-, ha
conseguido que peritos de la Agencia Tributaria declaren en el juicio que la
infanta es inocente y habrá ofrecido prebendas -supuestamente, por supuesto- a
una inspectora de Hacienda para que, ella también, asegure que la pobre infanta
es una subnormal que no sabía lo que hacía cuando firmaba documentos.
Una complicidad tan manifiesta con el delito, en este caso de un fiscal
cuyo cometido oficial es combatir la corrupción, vuelve a cubrir de mierda la
justicia española, cada día más abyecta, prostituida y corrupta.
Esta misma Justicia es la que ha condenado a penas de hasta cuatro años
a sindicalistas por intentar ejercer su derecho a la huelga, la misma que
persigue con saña, apalea, detiene, multa y encarcela a todos aquellos que se
manifiestan por la república, la que castigó cobardemente al militar que acusó
fehacientemente al rey Juan Carlos de homicidio en la persona de su hermano, la
que indulta a los guardias civiles que disfrutan filmando como sus compañeros
abusan sexualmente de mujeres indefensas, la que archiva todas las multas que
se imponen a un conductor borracho que pone en peligro la vida de peatones y
que resulta ser hijo del mismo ministro de Justicia…
Ya no cabe duda, no
estamos ante un sistema judicial legítimo, igualitario y, ni mucho menos,
democrático. Esto es una orgía de sátrapas corruptos, que están ahí para
perpetuar indefinidamente los privilegios feudales de que goza la pervertida
casta que fagotiza nuestras instituciones
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