Torturadores españoles reclamados por
una jueza argentina
La orden de detención
y extradición de la jueza argentina María Servini contra cerca de veinte torturadores
españoles sienta por fin las bases de una justicia universal que no reconoce
fronteras en los crímenes de lesa Humanidad y cuyo objetivo es impedir a los
genocidas evadir impunemente la responsabilidad de sus actos.
Memoria Histórica | Tomas F. Ruiz | 03-11-2014
La orden de detención contra
veinte ciudadanos españoles acusados de crímenes contra la Humanidad ha conmocionado a toda la población española, en
especial a aquellos supervivientes de la dictadura (o de la misma
"transición democrática", tanto monta, monta tanto) que siguen hoy
gozando de la misma impunidad que tenían bajo el régimen franquista.
Por supuesto que todos sabemos por donde se van a
pasar la orden de la jueza argentina los miembros del poder judicial en España.
En este sentido, no caben ilusas expectativas de que si el PSOE llegara en un
futuro inmediato a gobernar este país, el nuevo ejecutivo del gobierno
accedería a entregar a la justicia argentina a esta veintena de criminales de
lesa humanidad que campean a sus anchas por España.
Por supuesto que ninguno de ellos va a perder la
protección que les brinda España. Gozan de una impunidad previamente pactada.
Uno tras otro, todos los gobiernos que este país ha tenido desde 1.977 han
respetado este pacto de silencio en lo que a torturas y asesinatos del régimen
franquista se refiere. Los que presidió Felipe González incluso no dudaron en
montar nuevas redes de terrorismo de Estado (los conocidos como GAL) con las
que institucionalizaron torturas, secuestros y asesinatos políticos.
Por supuesto que jamás veremos a ninguno de estos
acusados sentados en el banquillo de la jueza argentina María Servini. El ex
policía Antonio
González Pacheco, conocido bajo
el alias "Billy el Niño",
autor de las atrocidades más inimaginables en materia de torturas, fue
requerido hace dos años por la misma jueza argentina y en la actualidad sigue
"libre y suelto" por las calles de España. Todo gracias a la
munificencia y la complicidad de los impúdicos jueces de la Audiencia Nacional
de España.
Lo que esta sentencia, venida del otro lado del
charco, sí que demuestra al mundo entero es la abyecta complicidad que en
materia de tortura y asesinato político han mantenido y mantienen las
instituciones judiciales españolas. La justicia de nuestro país ha sido -y
continúa siéndolo- cómplice de todos estos criminales y abominables actos.
Todas las instituciones judiciales, desde el juzgado de instrucción al Consejo
General del Poder Judicial, pasando por juzgados penales, fiscalías, audiencias
provinciales, Tribunal Supremo y hasta el mismísimo Defensor del Pueblo, se han
conjurado para no tocar nunca ni uno sólo de los crímenes, ni una sola de las
torturas heredadas de la dictadura. Gracias a los jueces, vocales y altos
magistrados que dirigen estas corruptas instituciones judiciales, tanto los
criminales de la dictadura como los de la heredada "democracia"
siguen gozando en España de una impunidad absoluta.
La orden de detención de la jueza argentina, sin
embargo, sí que abre una preocupante brecha en el bunker judicial español. Por
esa brecha veremos a partir de ahora supurar la inmunda pus en que está anegada
la depravada justicia española. Del mismo modo, la orden venida de la corte
latinoamericana sienta las bases para que un nuevo concepto de justicia se
imponga en España.
Cuando el frágil régimen dictatorial en el que vivimos
ahora -bajo el deleznable absolutismo del PP- se venga abajo, habrá que imponer un sistema
efectivo de justicia que responda al principio de "quien la hace la
paga". Bajo este nuevo concepto y sin necesidad de extraditarlos a la
Argentina, se iniciará una severa y ejemplarizante actuación contra estos
veinte torturadores y asesinos que reclama la jueza María Servini, los mismos
que hasta ahora han gozado de absoluta impunidad bajo la cómplice protección
que les brinda la justicia española.
No hay comentarios:
Publicar un comentario